Ante la crisis y la cerrazón con que se nos presenta el futuro, la falta de un horizonte hacia el que poner la proa, el no hallar los modos para ir al encuentro de un futuro digno de ser vivido y, a la vez, dejar atrás los intereses que frenan el cambio, se sostienen con la impunidad y la corrupción, suele apelarse, una y otra vez, a la idea de realizar un nuevo pacto.

Frente al panorama actual de la sociedad argentina, hablar de cambio significa lisa y llanamente la eliminación de instrumentos y elementos inadecuados para la convivencia social, el desarrollo humano y económico, estructurando una red de decisiones que nos proyecten hacia el largo plazo y nos permitan salir de la constante dependencia de una coyuntura agobiante.

Nuestra historia política muestra que la subsistencia institucional está atada a las espaldas de quien ocupe la Presidencia de la nación, como si allí fueran a descansar las aspiraciones de toda la sociedad. Semejante concentración del poder permite el surgimiento de una clase gobernante y traba la formación de sectores dirigentes, además de posibilitar la aparición o sucesión de caudillos que se replican como modelos desde el gobierno nacional hasta muchas organizaciones que, sustentadas en la idea de representatividad, acaban en modalidades que mucho se parecen a la apropiación del poder. Se suma a ello el hecho que nos muestra la experiencia histórica: cuando la autoridad y el poder no descansan en la misma cabeza, entonces el conflicto se hace esencia de la política nacional.

Sería ilusorio soñar una sociedad sin conflicto. Pero también es imposible imaginar un futuro próspero en una sociedad que no alcanza un grado suficiente de consenso para enfrentar los cambios profundos que se requieren, después de décadas acumulando errores que concluyeron en un cuadro que no permite, por momentos, siquiera reconocer a la sociedad que fuimos.

Otro punto que merece ser sacado a la luz es aquel que refiere a la forma del Estado. El modo y método de regular las relaciones de poder entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, como forma de distribución vertical del poder, presenta una clara disociación entre la norma y la realidad. El sistema federal, tal como ha funcionado hasta hoy, actúa como factor de resistencia para la integración nacional y el impulso social del país. No lo hace en vistas a un desarrollo homogéneo y a metas trazadas a la luz de una política de mejor realización del país.

Tal disfuncionalidad en el sistema federal se debe, en buena medida, al ejercicio indiscriminado de la actuación del gobierno nacional, que lleva a cercenar, por un centralismo informal pero real, el poder propio de cada provincia y de los municipios. El grado de influencia del gobierno nacional sobre las decisiones provinciales es directamente proporcional al de desarrollo de cada provincia, de tal modo que las menos integradas y más subdesarrolladas son las más influenciadas por el gobierno central y las que más dependen de sus recursos.

Los datos ponen en evidencia la necesidad de reajustar la distribución vertical del poder, y obligan a la búsqueda de alternativas de valor para canalizar propuestas que aseguren la libertad de decisión, el desarrollo y la democracia en las jurisdicciones provinciales, como base de un nuevo pacto de convivencia. Esto equivale a decir que es necesario operar en un camino que tienda a quebrantar por la médula la concentración del poder en el gobierno nacional y en la Presidencia de la nación.

Para producir tal efecto, no puede dejarse de lado el poder municipal, como tercer escalón y ámbito más cercano donde el ciudadano se cruza con la vida política y la administración de lo público. Es en el municipio donde se intensifican las relaciones entre gobernantes y gobernados y se viven las formas de intermediación y representación con cercanía y profundidad a la vez.

Por otra parte, el pacto también tiene que demarcar, de manera precisa y rigurosa, las diferencias entre la democracia formal y la real. No sólo es cuestión de resguardar las formas externas, sino de ser efectiva también en el freno al genio autoritario que suele habitar en las democracias formales. Se trata, en definitiva, de evitar que los ciudadanos sean considerados como tales sólo por un día y se conviertan en súbditos durante los cuatro años posteriores, o el tiempo que medie hasta el siguiente acto electoral.

Frente a esta breve descripción y aceptando que somos un país endeudado, con altos niveles de inflación que nos comprometen, con millones de personas afectadas por la falta de trabajo genuino, con un Estado despilfarrador a simple vista, con una quebrada y maltratada cohesión social, con un gran deterioro de la calidad educativa, con ciudades prácticamente tomadas por el narcotráfico, con indicadores de pobreza que se acrecientan de manera exponencial, y más problemas sociales que se podrían seguir enumerando, corresponde preguntarse si resulta válido hablar de la necesidad de un pacto cuyo inicio es dar una nueva forma de Estado.

La respuesta debe remitirse a la dimensión, la extensión y la gravedad de la situación, configurada de tal manera que afecta a todos los sectores sociales y con enorme profundidad. Esto significa admitir que compromete el futuro común, situación que permite visualizar el deseo extendido de cambiar un orden de cosas. Esto requiere de los mejores esfuerzos, de toda la convicción y la capacidad puestas a favor de recuperar el bienestar de todos. Resulta imposible imaginarlo sin aceptar que hay cosas que ya no funcionan y que, por lo tanto, exigen, poco a poco, ser modificadas. Y que son los sectores dirigentes, los que -sin soberbia y con grandeza- deben encarar la tarea y lograr los acuerdos básicos.

Revista Desafío Exportar

Fuente: www.NetNews.com.ar