El desempleo y la pobreza son algunos de los grandes desafíos que enfrenta la Argentina. Desafíos que se muestran difíciles de resolver, a juzgar por los resultados de las últimas décadas. En la actualidad, en nuestro país poco menos de una de cada tres personas es pobre, la tasa de desempleo afecta a alrededor de uno de cada diez personas de entre 18 y 65 años, y entre tres y cuatro de cada diez personas que trabajan lo hacen de manera “informal” o “en negro”.

Desempleo y la informalidad reflejan las consecuencias de normas laborales que desincentivan a las empresas tomar empleados. Esto se da porque, por un lado, es muy caro contratar empleados “en blanco”, no sólo por lo que cobra “en mano” el empleado, sino por las llamadas cargas sociales. Así, por ejemplo y dependiendo de cada sector, si el empleado cobra 10 pesos, a la empresa le terminará costando 15. Por el otro, contratar a un trabajador le implica a la empresa la posibilidad de enfrentar en algún momento una costosa demanda laboral, en el contexto de una legislación que —en caso de conflicto— favorece al empleado, en contra del empleador.

¿Cuáles son las consecuencias inevitables de tal situación? Las empresas contratan lo mínimo posible. Generar empleo en Argentina puede ser muy costoso y no rentable, y además un dolor de cabeza por las potenciales demandas laborales. A la postre, muchas empresas necesitarían tomar empleados, pero prefieren no hacerlo, para evitar problemas futuros.

Muchas empresas —que pueden hacerlo en este formato— continúan trabajando sin dar empleo. Un indicador de esta situación son los más de 3,2 millones de monotributistas (autoempleados, micro o pequeños empresarios) existentes en Argentina, que reflejan cuán vivo se encuentra el espíritu emprendedor en nuestra sociedad y cómo —dada la estructura de incentivos que brinda la compleja legislación— los pequeños empresarios se adaptan para sobrevivir y crecer. Como decíamos, muchos de ellos no tienen empleados, y se caracterizan por una enormeproductividad y organización eficiente de recursos tecnológicos y no tecnológicos, orientación a la satisfacción al cliente (si no, no sobreviven las empresas) y una cantidad de horas trabajadas que no reconoce domingos ni feriados. No se quejan y demuestran que la creación de valor es posible, aún en contextos llenos de desafíos.

Tecnología y robots

Pero esto no termina acá. La situación descripta se da en un contexto único en la historia de la humanidad: el desarrollo exponencial de nuevas tecnologías ha incrementado —y continúa incrementado— la productividad. Es decir, que con la misma cantidad de recursos (o menos) podemos producir mucho, pero mucho, más. Y cada vez se puede producir más con menos humanos.

Computadoras y robots son reflejo de este avasallador proceso. Ni los robots ni las computadoras hacen juicios laborales, huelgas, ni cobran cargas sociales (y, al menos por ahora, no pagan impuestos específicos), lo cual suma otro desincentivo a la contratación de empleados.

En este actual contexto de revolución tecnológica, el viejo discurso sindical reclamando derechos —en muchos casos— poco tiene que ver con la cultura de la adaptación al medio que demandan las circunstancias, sino con una especie de queja ante la inevitable ley de gravedad. Parece una broma de mal gusto o una preocupante incomprensión del proceso innegable de revolución de los procesos productivos. En este sentido, la Argentina atrasa. Y mucho. Tal vez una parte de la población no comprende que sólo si existe rentabilidad empresaria, habrá creación de empleo. Que si se castiga la actividad empresarial habrá menos empleo. Las manifestaciones populares del mes de diciembre 2017 —ante intentos de una moderada modificación del sistema de normas laborales que castigan el empleo— reflejan esta incomprensión de la profundidad del proceso y conciben la relación empresario-empleado como un juego de “suma cero”, donde uno gana si el otro pierde. Pero sucede todo lo contrario: empresarios y empleados están en el mismo barco.

El tsunami tecnológico ya se activó. Quien no se adapta tiene más riesgos no tener éxito en las nuevas circunstancias. Y la legislación laboral argentina, de no modificarse, continuará castigando a los más vulnerables.

Por Martín Simonetta 

@martinsimonetta

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Fuente: El Cato.org