Lo que sobresale, en primer lugar, es la asimetría notable hallable entre la situación política a la que debe hacer frente la administración de Cambiemos respecto de la situación que atraviesa la economía. Aquella es envidiable mientras esta última deja mucho que desear. Aquejado por el virus de la desunión no sólo a nivel del partido sino también en el frente sindical —y, además, por una ausencia de dirigentes notoria nunca antes vista—, el justicialismo semeja a un enfermo que arrastra sus desventuras y desvelos sin demasiadas posibilidades de revertirlos.

El sanjuanino Gioja comanda, sólo en los papeles, un sello de goma vacío de contenido, de mística y de figuras sobresalientes, con la particularidad adicional de que ninguno de los que aspiran a emular a Juan Domingo Perón, Carlos Menem o Néstor Kirchner, se consideran menos que cualquiera de sus competidores —en lo cual llevan razón. Por lo tanto, hay tantos caciques como indios dando vueltas. Mientras no se pongan de acuerdo sus dirigentes y, por fuera de cuánto podría denominarse la ortodoxia justicialista, siga acreditando su presencia en el tablero Cristina Fernández, el peronismo no representará un adversario de fuste para Cambiemos.

Con la viuda de Kirchner y Sergio Massa —los dos que más votos obtuvieron en las elecciones legislativas de octubre pasado— ajenos a la estructura partidaria y con pocas ganas de volver y tener que sentarse como uno más a la hora de las negociaciones, la unidad es una aspiración lejana. En cuanto a la jefatura única, es de factura imposible. Y todo sin que el macrismo haya movido un dedo para meter dentro de la ciudadela peronista un caballo de Troya destructivo. El estado lastimoso del Movimiento —creado por un militar en 1945— es producto de sus propios errores, miserias e incapacidad, puestas de manifiesto inmediatamente después de la derrota de Daniel Scioli. Tamaña ventaja, con la cual nadie hubiese soñado dos años atrás, no es absoluta. Transcurrida la mitad del mandato para el que fue elegido Mauricio Macri, la economía no termina de arrancar. No es del caso introducirnos en un análisis de los números públicos y de la evolución de las finanzas —que se puede leer con provecho en las secciones adjuntas— para darnos cuenta de las dificultades que ha encontrado el gobierno al momento de combatir la inflación, bajar el gasto público, reducir el endeudamiento y atraer inversiones externas. Esto sin contar el descontento que ha generado en una gran parte de la población la reforma del sistema provisional. Al respecto, la caída en la imagen del presidente y el cambio en las expectativas de la gente —tal como lo registran todas las encuestas conocidas en el curso de las últimas semanas— no dejan lugar a dudas.

Hasta aquí, descripto a grandes rasgos el campo de batalla —con sus pros y contras— donde se halla ubicado el macrismo para la pelea ya comenzada y que amenaza escalar hasta alcanzar su clímax el 21 de este mes, cuando Moyano encabece la movilización de todos conocida.

Pasemos revista ahora a la situación del líder del gremio de camioneros. Por de pronto el movimiento obrero organizado es un completo desorden. A semejanza del ala política del peronismo, está dividido al menos en cuatro banderías sin demasiadas ganas de unirse. Al acto que se llevará a cabo en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio no asistirán ni los Gordos ni los independientes. Faltarán a la cita la UOM y los ferroviarios. En punto a los movimientos sociales, todavía no han dicho esta boca es mía. Como muestra de la fractura, la radiografía no puede ser más ilustrativa. Pero no acaban en la citada fragmentación los problemas de Hugo Moyano. Tiene seis causas abiertas en la Justicia en donde los delitos que se entrecruzan no tratan de riñas callejeras, robo de gallinas o intimidación pública. Los cargos que eventualmente caerán sobre su persona y uno de sus hijos —cuando menos— son de magnitud y podrían llevarlos a la cárcel por espacio de años. Es la primera vez que algo así le sucede a la familia y da la impresión de que, por momentos, el jefe de la misma no es capaz de controlarse. Sus declaraciones últimas son la mejor demostración de ello. Perder los estribos no es un buen síntoma. Pablo se ha ido de boca una y otra vez. Hugo, en cambio, no se dejaba ganar por sus impulsos. En una disputa a todo o nada el mandamás de los camioneros no puede torcerle la muñeca a Macri. Ni siquiera está en condiciones de hacer tablas. Acaso, si es inteligente, le resulte posible dejar jirones de su poder en el camino y retirarse a cuarteles de invierno con la cola entre las patas. Si tensa la cuerda lo más seguro es que esta se rompa y él pierda; por tres razones, básicamente.

En primer lugar, sus apoyos son escasos y algunos de sus pares piensan que los motivos del escalamiento de las hostilidades en contra del gobierno son sólo por el temor de terminar preso. No hay detrás suyo, ni mucho menos, un peronismo o un movimiento sindical dispuestos a respaldarlo a suerte y verdad. Una segunda razón es que su imagen pública no puede ser peor. Por último téngase en cuenta que la única herramienta efectiva que tiene —un paro de su gremio, susceptible de paralizar el país e inclusive desabastecerlo— hoy obraría como un boomerang. Si decidiese recorrer ese camino, en menos de 24 horas tendría el sindicato intervenido y las posibilidades de que un juez ordenara su detención se acrecentarían en proporción geométrica. Moyano tiene infinitamente más que perder que Macri. Llegado a esta instancia y convencido de que existe una suerte de conspiración, fogoneada por el gobierno, para que vaya a hacerle compañía a Julio de Vido, no está en condiciones de retroceder antes del 21. Si dejase sin efecto la movilización o se desdijese de la bravuconada verbal que ensayó a expensas del gobierno, perdería el consenso del que goza entre sus seguidores. De modo tal que en las dos semanas que faltan, difícilmente dé un paso atrás. El inconveniente que enfrenta es que en su estrategia no parece haber retroceso ninguno tampoco después del 21. Esta metido, pues, en una batalla que no puede ganar.

Cuadro de situación: Recalculando

A la hora de plantear y juzgar un cuadro de situación es indispensable empezar por entender cuál es el modelo o plan que se está aplicando. Sucintamente: hasta hoy, el plan económico de esta administración se ha basado no en bajar el gasto público —madre de nuestros principales problemas económicos— sino en financiarlo. La opción elegida ha sido bancarlo con deuda, fundamentalmente en moneda extranjera. Como resultado de ello aparecen tres subproductos o consecuencias inevitables. El primero e inmediato es un atraso cambiario creciente, generado por las divisas que ingresan. Otro efecto concatenado es el déficit externo también creciente, que en 2017 fue enorme. Tomamos dólares y los fumamos en gasto corriente y en una gran porción vuelven a irse afuera (U$ 29000 MM el año pasado). El tercer subproducto de este programa económico es un endeudamiento —también creciente— del BCRA, con el objeto de evitar que los pesos que se emiten para comprar los dólares captados se vayan a precios (entre ellos, al tipo de cambio). Esto conforma una peligrosa bomba cuasi fiscal. Cuando esta deuda crece —impulsada por la necesidad de solventar el gigantismo estatal— más allá de cierto punto, tiende a ser autónoma. Pasa a crecer independientemente del déficit fiscal: aunque éste desapareciera milagrosamente, de la noche a la mañana, esa deuda cuasi fiscal tiene asegurado su continuo crecimiento por el sólo hecho de la capitalización de los intereses (computados a tasas que, por fuerza, son cada vez más elevadas para mantener a los inversores en el redil). Cuando el atraso cambiario alcanza niveles muy altos y el desequilibrio externo aumenta —esto es, cuanto más fuerte y evidente se torna la necesidad de un reacomodamiento cambiario que reequilibre los flujos de divisas—, el riesgo de explosión de esa bomba se vuelve importante.

Lo mismo puede ocurrir cuando intervienen factores exógenos que alteran las condiciones requeridas para sostener el modelo, como puede ser la pérdida de acceso a los mercados de deuda o una suba del costo de financiarse a nivel global. Los traspiés sufridos por la emisión de Central Puerto y la formidable caída de los mercados han hecho manifiesta lo que era una amenaza latente: el último ciclo de financiamiento amplio y barato ha llegado a su fin.

Como se puede apreciar, la expuesta triada de desequilibrios constituye una amenaza muy seria. Pero son, tan sólo, una consecuencia del problema de fondo de la economía argentina. En este contexto, durante los pasados sesenta días se dieron ostensibles tironeos entre el ala política del gabinete económico y el BCRA. Si se pretende caminar por una cornisa y a la vez hacer malabarismos, el riesgo de caerse aumenta. Con una política fiscal que hasta acá fue expansiva, si la inflación no fue mayor fue porque se compensó en parte esa expansión con una política monetaria contractiva: si todos los pesos emitidos para comprar los dólares captados estuvieran circulando, la inflación, en lugar de desacelerar, se hubiera disparado.

No se puede pretender que la política fiscal y la monetaria sean ambas expansivas y que, a la vez, la inflación esté bajo control. De la misma forma que nadie puede pretender ser alto y bajo al mismo tiempo. Estos tironeos entre los dos sectores referidos del gobierno debieran evitarse porque acercan el fósforo a la mecha. Tanto más cuando los mercados se convulsionan. No estamos en situación de jugar con fuego y, en estas circunstancias, la posición del BCRA fue más prudente que la de sus críticos. La supervivencia de este modelo descansa —aunque a nadie guste— en la denostada bicicleta financiera: si los inversores —aparentemente de pesos, pero sólo en apariencia—juzgaran en algún momento que el riesgo de perder capital, medido en dólares, es demasiado elevado, huirían del peso y el final del modelo se precipitaría. Hoy es políticamente incorrecto emitir directamente para financiar la exorbitancia del gasto del Estado. Bien por eso. Sin embargo, ha vuelto a ser políticamente correcto el emitir para comprar los dólares que tomamos prestados en los mercados, dirigidos siempre a financiar la misma exorbitancia. Pero ambos casos significan lo mismo: emisión para sostener el gasto. Es decir, se sigue emitiendo. Y, además, nos endeudamos en moneda dura para fumarnos esa monumental masa de fondos en gasto ordinario (apenas 4 % del gasto va a obras públicas que mejoren nuestra competitividad).

La estrategia elegida hace que paguemos dos veces intereses por los mismos fondos: una vez, cuando tomamos los dólares; y la otra, cuando debe esterilizarse la mayor parte de los pesos resultantes. El Estado asume dos deudas —una en dólares, otra en pesos— para obtener la misma masa de fondos.

Por ese doble efecto pernicioso de la actual estrategia de financiamiento fiscal, podría creerse que tal vez fuera más conveniente —así parecen creerlo algunos funcionarios— migrar del financiamiento externo al interno. Pero ocurre que los capitales internos son insuficientes para bancar la enormidad del gasto estatal: la tasa doméstica tomaría alturas impensables y el sector productivo quedaría literalmente ahorcado por desfinanciamiento. Por si todo esto no fuera suficientemente letal, la insaciable voracidad estatal está llevando la presión tributaria a un nivel aplastante para el sector productivo. En definitiva, ninguna de estas estrategias es sustentable en el tiempo y ambas terminan destruyendo al sector privado. Lo que se requiere es ocuparse del tumor (el gigantismo estatal), no el alimentarlo con nuevos órganos para que destruya. Los recientes anuncios sobre reducción de cargos públicos son acertados; la economía reclama sobriedad fiscal. Hubieran marcado un auténtico gol comunicacional en diciembre de 2015. El principal problema de la economía argentina es el gigantismo del Estado. No es momento de poner en discusión el dogma gradualista pero sí de calibrar su ritmo y secuencia. No dudamos que sea políticamente riesgoso el ir demasiado rápido; pero no lo es menos el llegar tarde con la solución y que un resbalón nos gane de mano. Las crisis, en última instancia, son soluciones en lo económico; pero que significan serios trastornos sociales y políticos. La batalla que está dando el gobierno con algunos patrones sindicales es una inteligente jugada política que busca neutralizar la capacidad de daño de uno de los principales grupos de poder. Un resultado positivo en este terreno abriría la posibilidad de realizar las reformas indispensables. Por lo pronto, los caciques gremiales más virulentos han perdido la iniciativa y están ahora a la defensiva.

Por Vicente Massot y Agustín Monteverde 

*Foto gentileza Perfil

Fuente: www.NetNews.com.ar